Nuevas normativas en la industria marítima podía terminar en disputas legales.
El transporte marítimo es sumamente vital para el comercio mundial, ya que es la forma más eficiente de transportar grandes cargas como petróleo, granos, minerales y contenedores a largas distancias. No obstante, también contribuye con el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). La Organización Marítima Internacional (OMI) prevé que, a menos que se tomen medidas, las emisiones de CO2 de la industria podrían aumentar hasta un 250% entre 2014 y 2050.
Por ello, la OMI se ha comprometido a reducir la intensidad de carbono en el transporte marítimo internacional hasta en un 40% para el año 2030 a diferencia del 2008. Entre las políticas que se han implementado para alcanzar este objetivo, destaca el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) de la Unión Europea, que ha generado controversia a nivel internacional, y también la implementación de la escala denominada Índice de eficiencia energética.
La aplicación obligatoria de la escala EEXI y el Indicador de Intensidad de Carbono (CII) es una parte importante de la estrategia a corto plazo de la OMI de 2018 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques. Los buques son clasificados en una escala de A a E en función de su CII, siendo A la mejor calificación posible. Esta clasificación indica el rendimiento del buque, y se registra en una «Declaración de cumplimiento» que se incluye en el Plan de gestión de eficiencia energética del buque (SEEMP). Si un buque tiene una calificación D durante tres años consecutivos o una calificación E durante un año, deberá presentar un plan de acción correctivo.
Para mejorar la calificación de un buque, se puede operar con combustibles de bajo contenido de carbono, pero también se pueden realizar otras acciones adicionales como limpiar la quilla del barco para disminuir la resistencia al navegar, optimizar las rutas y velocidades, instalar bombillas de bajo consumo y sistemas de energía auxiliar solar/eólica para los servicios de alojamiento, todas estas podrían ayudar a mejorar la calificación.
Las regulaciones ya están provocando debates entre los contratistas de transporte marítimo, como propietarios, operadores y fletadores de buques. A pesar de todos los esfuerzos de preparación, las nuevas regulaciones de carbono pueden generar disputas legales relacionadas con contratos existentes. Por ejemplo, algunos buques tendrán que reducir su velocidad o cambiar sus patrones operativos, lo cual significa que los contratos de fletamento temporal deben ser flexibles. Los expertos legales coinciden en que los stakeholders del transporte marítimo deben comenzar a entender cómo estas nuevas regulaciones afectan a los contratos existentes y cómo se aplicarán en los nuevos. Como resultado, los armadores y los fletadores probablemente tendrán que colaborar más estrechamente para cumplir con estas regulaciones. Es evidente que estos cambios tendrán un impacto significativo en el sector y es importante prestar atención a cómo estas nuevas regulaciones afectarán a otros aspectos del negocio.
Fuente: Mundo Maritimo
